lunes, 7 de julio de 2008

JUSTICIA SOCIAL Y POLITICAS MIGRATORIAS


Por José Manuel Ramos Severino

Uno de los atributos del Estado es la soberanía nacional, y como tal, establece las normas de migración de una determinada nación; es decir, la permanencia en el suelo patrio de un extranjero. Ese mismo Estado es la representación jurídica de la nación, y de manera particular el gobierno, en la persona del Presidente Constitucional de la República, es el jefe de la política exterior.

La Unión Europea en los últimos meses, ha tomado decisiones migratorias muy rígidas y negativas, que afectan drásticamente a los nacionales dominicanos. Y con un alto sentido de solidaridad internacional, algunos Estados Latinoamericanos, han levantado un clamor, para que sea revisada la política migratoria de la Comunidad Europea. Pero, es una prerrogativa de cada Estado, disponer todas las medidas para acceder a su suelo, donde este último constituye la representación material de su soberanía.

Aunque no estamos de acuerdo con algunas medidas adoptadas por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos de América y los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, sí respetamos el derecho de aquellas naciones a regular la entrada y permanencia de otros ciudadanos.

Sin embargo pretender acusar ante los foros y organismos internacionales, a cualquier nación de que explota a los nacionales dominicanos, porque no obtienen empleos bien remunerados allí, es una injusticia mayúscula y una desconsideración hacia aquel Estado. Pues, la mayor esclavitud que se cierne sobre una persona y una nación es la falta de conocimiento, y por vía de consecuencias, la ausencia de oportunidades laborales, que eventualmente le permitirían desarrollar sus potencialidades y vivir dignamente.

Si las naciones poderosas están limitando la permanencia de extranjeros, aunque su status migratorio sea legal. Entonces, los Estados de economías débiles como el dominicano, ¿cómo pueden absolver una migración que sobrepasa los dos millones de haitianos? Con el agravante de que no tributan a favor de las arcas públicas; más sin embargo, millones de pesos del presupuesto nacional, se tienen que invertir en asistencia médica gratuita, a favor de los compatriotas de Toussaint Louverture. En un gesto de solidaridad y confraternidad internacional, el Estado y el pueblo dominicanos acogemos a los hermanos haitianos, pero en un ámbito de legalidad de conformidad a protocolos sobre migración entre ambos Estados.

Es cierto, que muchos ingenieros constructores y productores agrícolas han granjeado riquezas en base al abuso de los trabajadores haitianos; no menos cierto es que la sociedad dominicana repudia esta práctica perversa. Pero de ahí, a argumentar que en la República Dominicana como Estado organizado, patrocina la esclavitud haitiana es un acto de mala fe, desleal y contrario al interés nacional.

PRECAUCION ANTE LA CRISIS MUNDIAL DE ALIMENTOS
Es de conocimiento generalizado, el advenimiento de una crisis alimenticia a escala mundial; razón por la cual todas las naciones están limitando el acceso de nacionales foráneos a su territorio. La Patria Dominicana como unidad histórica que nos vincula a todos los quisqueyanos, no puede sustraerse a esta realidad global y está compelida a realizar campañas de repatriación en contra de todos aquellos extranjeros, que no tengan regularizada su situación migratoria.

Reconocemos el razonamiento crítico constructivo del presidente de la Republica Dr. Leonel Fernández Reyna para abordar de manera inteligente situaciones históricamente conflictivas como es la problemática de las repatriaciones haitianas La cual en el momento de realizarse deben ejecutarse bajo la observación de los organismos de derechos humanos lo que nos evitaría falsas y peligrosas acusaciones en contra del Estado Dominicano ante tribunales internacionales.

Estamos concientes de que la hermana nación haitiana, debe ser digna de mejor suerte, porque es un pueblo que ama la libertad y tiene una disposición titánica para el trabajo. Pero, la República Dominicana padece de males sociales ancestrales, que no ha podido erradicar, tales como problemas sanitarios, alimenticios, educativos, de transporte, suministro eléctrico y otros, que tienen todos un componente en común : nuestra critica situación financiera.

Entonces, cómo puede La Republica Dominicana es un Estado pobre, una nación subdesarrollada, saturada de limitaciones incapaz de asumir la deuda social acumulada de nuestra hermana nación, el país más pobre del Continente Americano, un país sumergido en precariedades no tan solo de carácter económico sino también de índole social y cultural

PROPUESTA DE DESARROLLO HAITI
Esta convulsionada nación solo puede desarrollarse bajo el establecimiento de la paz como prioridad nacional, implementando una intensiva política de producción nacional, mediante la instalación de técnicas avanzadas de agricultura para la explotación y aprovechamiento del suelo, desarrollando un masivo plan de alfabetización en el que las naciones de habla francesa puedan incorporarse mediante la formación de un cuerpo docentes capacitado y mediante la aplicación de eficientes controles de natalidad para enfrentar el desbordado crecimiento demográfico que ha experimentado la empobrecida nación en las últimas décadas.

Algunas golondrinas solitarias de áurico vuelo dejan una estela luminosa en la República Dominicana, como el Lic. PELEGRÍN CASTILLO y el Dr. TIRSO MEJÍA RICART, marcando el dulce sendero de la defensa de la patria. Mientras muchos empresarios, cual sultanes insensatos descuidan sus responsabilidades con el Estado; y quizás de bruces, tengan que llorar como niños malcriados, lo que no defendieron como hombres prudentes, sembrando odio y rencor al estafar el jornal de humildes trabajadores ilegales. Y otros dominicanos traidores, asalariados de gobiernos e instituciones extranjeras, suben a la ominosa barra contraria a los intereses del Estado Dominicano.

Una noble representación de dominicanos organizados en el PARTIDO JUSTICIA SOCIAL solicita al Primer Magistrado de la Nación, jefe de la política exterior del Estado; así como a los demás poderes públicos, la ejecución de un plan nacional para controlar la migración de los nacionales haitianos e Imponer severas sanciones penales a los traficantes de indocumentados y ofrece respaldo a los Honorables Jueces de la Junta Central Electoral (JCE), por ordenar mediante resolución la no expedición de actas de nacimientos a los hijos de nacionales haitianos, cuyo estatus migratorio no sea conforme a la ley de migración.
No importa que las plumas que siguen el tintineo de las monedas extranjeras pretendan rasgarse las vestiduras। Estos no son más que fariseos a la patria, traicioneros y perversos.
*.- El autor es Abogado, Consultor legal de gran prestigio, fundador de Partido Justicia Social, tiene Maestria en Derecho constitucional y Especialidad en derecho penal




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