Por José Manuel Ramos Severino
La frontera dominico-haitiana, históricamente, ha sido un lugar caracterizado por una corrupción lacerante de las arcas públicas y la soberanía nacional sobre la cual se han gestado inmensas fortunas con una pasmosa capacidad financiera para el crimen।
En ese lugar convergen intereses políticos, financieros y militares, que constituyen un trípode sobre el cual se levanta una estructura mafiosa, altamente nociva para el desarrollo democrático de nuestro Estado.
La línea divisoria ha sido un lugar codiciado por militares poco pundonorosos, que se rinden fácilmente ante el poder financiero del crimen organizado que opera a lo largo y ancho de aquel espacio. Con el patrocinio de algunos militares, por allí pasan diariamente decenas de nacionales haitianos; se trafica con drogas, armas de fuego de todo calibre, alimentos, entre otras cosas.
Cuando llega a la región fronteriza un oficial general, acompañado de su alto mando de oficiales superiores, de aquellos militares que dignifican su uniforme, y que no reciben sobornos, aunque estén disfrazados de la elegancia social del regalo, el trípode de la mafia se yergue imponente y amenazador. Entonces, con todo el ominoso poder que ostentan, empiezan las campañas de calumnias y desinformaciones, que darán al traste con la noble gestión que pretende hacer aquel Oficial General.
En ese tenor, debemos señalar que gran parte del gobierno de los Estados Unidos de América, Canadá y Francia, pretenden solapadamente la unificación de ambas naciones, lo que constituye una equivocada estrategia geopolítica en el Caribe. Por lo que dentro de su plan macabro, no le conviene la implementación de verdaderos controles en la frontera, que resguarden la soberanía nacional. Y siempre formularán informes sobre violación de derechos humanos a los nacionales haitianos y realizarán todo tipo de presión por medio de sus organismos acreditados en el país.
Así las cosas, no hay en la República Dominicana, un Oficial General, que pueda luchar airosamente contra el caos imperante en la zona fronteriza; porque nuestras Gloriosas Fuerzas Armadas, no cuentan con la logística necesaria para realizar tan vital actividad, para el sostenimiento de la soberanía nacional. Amén de que hace falta un marco legal, que permita optimizar la labor de vigilar, proteger y desarrollar este espacio de nuestra nación; toda vez que existen múltiples agencias gubernamentales del Estado Dominicano, que realizan actividades cuyo epicentro es dicho lugar territorial.
El PARTIDO JUSTICIA SOCIAL (PJS), entiende que se debe crear una SECRETARÍA DE ESTADO DE FRONTERAS, integrada monolíticamente por todas las instituciones ligadas a la cuestión fronteriza, donde se elaboren las estrategias nacionales sobre este aspecto medular de la soberanía dominicana, se coordinen y ejecuten todas las acciones para la consecución de dicho plan.
La República Dominicana para enfrentar el desorden en la frontera, tiene que avocarse a una adecuación del marco legal de nuestro país.
Las penas drásticas, incluyendo la degradación cívica, para quienes se dedican al tráfico de indocumentados, crearan temor y ayudarán a disminuir la comisión de este crimen de lesa patria.
Se debe crear en términos legales, sicológicos y materiales un CUERPO ÉLITE DE INTELIGENCIA FRONTERIZA, el cual debe diseñarse como unidad de inteligencia fronteriza, con todas las herramientas tecnológicas y logísticas para que su tarea sea eficiente.
El marco legal de las Fuerza Armadas Dominicanas, debe reformularse, a los fines de que los Oficiales Generales, sean recomendados por el Presidente de la República, pero nombrados y juramentados por el Senado. Y que el Primer Mandatario de la Nación, los pueda relevar del mando o función, pero no ponerlos en retiro, sin previa aprobación de la institución que lo nombró. No pudiendo estar activos más de diez Generales de la República.
En la ley electoral se debe establecer, que a los dominicanos de ambos sexos, no se le entregará su cédula de identidad personal y electoral, que los acredita como ciudadanos de la República Dominicana, hasta tanto no hayan realizado el servicio militar voluntario u obtengan la documentación médica verificada por la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, que los exima de ello, por confrontar problemas de salud. Lo que contribuirá a la formación de un buen relevo generacional, debidamente disciplinado.
Toda esta juventud servirá, de unidades militares de apoyo acantonadas allí, para patrullar la frontera dominico-haitiana, previniendo el tráfico de indocumentados, drogas, armas, alimentos, entre otros.
No pretendemos que se instaure un Estado Militarista, sí una estructura legal que permita un gobierno donde se resguarde la soberanía nacional y el respeto de los derechos humanos de los nacionales haitianos. Sin atropellos hacia nadie, pero con decisión firme de hacer cumplir el voto de la ley.
El caos en la frontera dominico-haitiana es una peligrosa debilidad de la democracia dominicana, únicamente hace falta la voluntad política para tomar sabias y fuertes leyes, que permitan conjurar este estado malsano de cosas।
La línea divisoria ha sido un lugar codiciado por militares poco pundonorosos, que se rinden fácilmente ante el poder financiero del crimen organizado que opera a lo largo y ancho de aquel espacio. Con el patrocinio de algunos militares, por allí pasan diariamente decenas de nacionales haitianos; se trafica con drogas, armas de fuego de todo calibre, alimentos, entre otras cosas.
Cuando llega a la región fronteriza un oficial general, acompañado de su alto mando de oficiales superiores, de aquellos militares que dignifican su uniforme, y que no reciben sobornos, aunque estén disfrazados de la elegancia social del regalo, el trípode de la mafia se yergue imponente y amenazador. Entonces, con todo el ominoso poder que ostentan, empiezan las campañas de calumnias y desinformaciones, que darán al traste con la noble gestión que pretende hacer aquel Oficial General.
En ese tenor, debemos señalar que gran parte del gobierno de los Estados Unidos de América, Canadá y Francia, pretenden solapadamente la unificación de ambas naciones, lo que constituye una equivocada estrategia geopolítica en el Caribe. Por lo que dentro de su plan macabro, no le conviene la implementación de verdaderos controles en la frontera, que resguarden la soberanía nacional. Y siempre formularán informes sobre violación de derechos humanos a los nacionales haitianos y realizarán todo tipo de presión por medio de sus organismos acreditados en el país.
Así las cosas, no hay en la República Dominicana, un Oficial General, que pueda luchar airosamente contra el caos imperante en la zona fronteriza; porque nuestras Gloriosas Fuerzas Armadas, no cuentan con la logística necesaria para realizar tan vital actividad, para el sostenimiento de la soberanía nacional. Amén de que hace falta un marco legal, que permita optimizar la labor de vigilar, proteger y desarrollar este espacio de nuestra nación; toda vez que existen múltiples agencias gubernamentales del Estado Dominicano, que realizan actividades cuyo epicentro es dicho lugar territorial.
El PARTIDO JUSTICIA SOCIAL (PJS), entiende que se debe crear una SECRETARÍA DE ESTADO DE FRONTERAS, integrada monolíticamente por todas las instituciones ligadas a la cuestión fronteriza, donde se elaboren las estrategias nacionales sobre este aspecto medular de la soberanía dominicana, se coordinen y ejecuten todas las acciones para la consecución de dicho plan.
La República Dominicana para enfrentar el desorden en la frontera, tiene que avocarse a una adecuación del marco legal de nuestro país.
Las penas drásticas, incluyendo la degradación cívica, para quienes se dedican al tráfico de indocumentados, crearan temor y ayudarán a disminuir la comisión de este crimen de lesa patria.
Se debe crear en términos legales, sicológicos y materiales un CUERPO ÉLITE DE INTELIGENCIA FRONTERIZA, el cual debe diseñarse como unidad de inteligencia fronteriza, con todas las herramientas tecnológicas y logísticas para que su tarea sea eficiente.
El marco legal de las Fuerza Armadas Dominicanas, debe reformularse, a los fines de que los Oficiales Generales, sean recomendados por el Presidente de la República, pero nombrados y juramentados por el Senado. Y que el Primer Mandatario de la Nación, los pueda relevar del mando o función, pero no ponerlos en retiro, sin previa aprobación de la institución que lo nombró. No pudiendo estar activos más de diez Generales de la República.
En la ley electoral se debe establecer, que a los dominicanos de ambos sexos, no se le entregará su cédula de identidad personal y electoral, que los acredita como ciudadanos de la República Dominicana, hasta tanto no hayan realizado el servicio militar voluntario u obtengan la documentación médica verificada por la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, que los exima de ello, por confrontar problemas de salud. Lo que contribuirá a la formación de un buen relevo generacional, debidamente disciplinado.
Toda esta juventud servirá, de unidades militares de apoyo acantonadas allí, para patrullar la frontera dominico-haitiana, previniendo el tráfico de indocumentados, drogas, armas, alimentos, entre otros.
No pretendemos que se instaure un Estado Militarista, sí una estructura legal que permita un gobierno donde se resguarde la soberanía nacional y el respeto de los derechos humanos de los nacionales haitianos. Sin atropellos hacia nadie, pero con decisión firme de hacer cumplir el voto de la ley.
El caos en la frontera dominico-haitiana es una peligrosa debilidad de la democracia dominicana, únicamente hace falta la voluntad política para tomar sabias y fuertes leyes, que permitan conjurar este estado malsano de cosas।
El Autor es Abogado , con especialidad en derecho constitucional y diplomado en derecho penal.
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